Autoría: Lotta Meri Pirita Tenhunen.
Fotografías: Sara Garchi (1), Olmo Calvo (2-5) y los MIR en Huelga Indefinida (6).
En el número 13 de la calle Callejo del madrileño barrio de San Diego ondea una pancarta que dice: LA SAREB ES NUESTRA. En la azotea desde la que cuelga, un par de mantas y una colcha esperan a ser recogidas. Son de quienes la noche anterior durmieron bajo las estrellas de verano para resistir con nosotras, conmigo y con mis vecinas. Estos días nuestros nombres van juntos: Susana, Angélica, Lotta, Victoria. Nuestros nombres juntos y nosotras juntas, arremolinadas, revueltas, con el corazón en un puño, todas a una por el corazón roto de Victoria, para que lo arreglen y ella pueda volver a casa, para que arreglen la mierda de mundo que nos ha tocado luchar, para que gane la vida, la vida contra el capital, hasta la victoria juntas. Juntas, juntas, juntas. Recojo, aseguro las cuerdas de la pancarta, saludo a los vecinos de al lado que ayer gritaron puño en alto desde sus terrazas. Recojo y recuerdo las palabras de ánimo de las vecinas de enfrente durante la noche. Recojo mis recuerdos de las últimas 48 horas a la vez que las mantas, necesito amasar la experiencia. Para aprender hasta del dolor, para aliviarme y seguir adelante sin miedo. Y para agradecer, porque esta mañana del 22 de julio, amanecer en casa no es poco.
El piquete StopDesahucios, que ayer se enfrentó a la llegada de la comisión judicial, acompañada de Policía Nacional y la intención de desalojar el edificio entero, salvó nuestra casa. Organizamos todo con PAH Vallekas[1], al igual que los seis años de pelea que traemos en los hombros. Pero también sabemos que el éxito se debe a todo un tejido social y a una trama de afinidades políticas, una red amplia cuyos bordes desconocemos y cuya capacidad de activarse en pleno verano y en medio de la pandemia global de Covid-19 acabamos de poner a prueba. ¿El resultado? Sabemos que no estamos solas. Cientos de personas nos prestaron sus cuerpos, su perseverancia, y su determinación en la calle, y otras tantas en las redes y en el trabajo previo y posterior de preparación y cuidados. Con mascarillas, derrochando gel hidroalcohólico, pero sin distancias de seguridad (es por donde se te cuela la policía, hermana).
Sabemos también que nos quedamos con los días contados, como casi siempre sucede cuando se gana un aplazamiento desde la calle, hasta el 4 de septiembre. El tiempo ganado es determinante para lograr nuestro objetivo: un contrato de alquiler social de baja mensualidad que, como mínimo, cumpla con la Ley de Arrendamientos Urbanos, que rige en el mercado de alquiler (y que se incumple por regla). La experiencia nos informa que no será fácil conseguirlo en el contexto de las prácticas infames del propietario de la finca, La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb[2].
Sareb es lo que desde los años 80 se viene denominando como banco malo: una estructura a través de la que puede llevarse a cabo el saneamiento financiero en el contexto de una crisis bancaria. El banco malo español tiene o ha tenido sus semejantes en Alemania (FMS-W),, Estados Unidos (Mellon Bank o City Holdings), Eslovenia (BAMC), Finlandia (OHY Arsenal y Sponda), Francia (Dexia), Irlanda (NAMA), Letonia (Parex, luego Reverta), México y Portugal (Banco Espirito Santo), entre otros.[3] Casi sin excepción, estas entidades terminan suponiendo una inversión elevadísima de fondos públicos en una actividad que no devuelve a la sociedad ni una pizca de la riqueza acumulada. Es el caso de SAREB desde el inicio hasta el momento actual. La entidad española, opaca a todo control democrático, fue creada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para agrupar los activos inmobiliarios (pisos, casas, locales, garajes, oficinas y suelo urbano) de los bancos en quiebra (los nacionalizados BFA – Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco – Banco Gallego, Banco de Valencia y los reestructurados Banco Mare Nostrum, CEISS, Caja3 y Liberbank). En definitiva, SAREB encarna el rescate bancario español que desencadenó una serie de recortes en sanidad, educación, servicios sociales y otros sectores en los que el estado hace una inversión en la vida. Si nos preguntamos cómo se llevó a cabo el endeudamiento de la sociedad sin que se consultase si queríamos adquirir esta deuda, tenemos nuestra respuesta en Sareb.
En principio el plan de funcionamiento de Sareb fue de 15 años. En sus primeros años de vida, tenía la función de contención de una situación extendida de escasez artificial de vivienda, durante la que se produjo una cantidad enorme de ocupaciones no organizadas de los inmuebles por personas y familias en situaciones extremas, además de la campaña de Obra Social de la PAH[4], organizada por la Plataforma después de que el gobierno se negase al trámite de una Iniciativa Legislativa Popular que diera paso al uso de aquellas casas y aquellos pisos como vivienda pública asequible. En los años 2015–19, aproximadamente, Sareb procedió a la venta agresiva de grandes carteras de fincas a compradores globales gigantescos, como Blackstone.[5] La primavera pasada, durante el estado de alarma nacional decretada por la pandemia Covid-19, el gobierno progresista amplió el período de funcionamiento de Sareb de los 15 años iniciales a indefinido. Esto significa que Sareb, en la actualidad técnicamente en quiebra, pronto volverá a acudir al aval eterno del estado haciéndonos pagar de nuevo la factura que el sector inmobiliario, bancario y financiero pasa a la sociedad.
En su libro sobre Sareb,[6] Manuel Gabarre define a Sareb como la mano invisible detrás de la subida de alquiler actual en España. Uno de los grandes compradores de las carteras de Sareb, la ya mencionada Blackstone, es un ejemplo perfecto: a través de sus compras gigantescas de activos agrupados en Sareb, este fondo de inversión liderado por dos ex-directivos de Lehman Brothers[7] terminaría en poco tiempo controlando el mercado español de alquiler a través de sus inversiones específicamente enfocadas en bienes inmobiliarios de alto riesgo (desde el punto de vista del interés inversor, que no podía asegurarse rentas en una situación de crisis social) y de la posibilidad de altos rendimientos (desde el punto de vista de la obvia y tangible necesidad de acceso a la vivienda de una parte de la sociedad que seguía siendo desahuciada de sus casas por impago de la hipoteca o de alquiler). Porque ahora, una década después del estallido de la crisis hipotecaria que expolió el esfuerzo vital de las familias hipotecadas con mil trampas contractuales y una coyuntura política que imponía la hipoteca como la única solución, las rentas de la vida de quienes trabajan y cuidan sin parar se vuelven a exprimir por vía de alquileres. ¡Pero y qué alquileres! Alquileres desorbitados, con precios que alcanzan el doble, triple, en comparación con los precios de hace pocos años. Alquileres imposibles para barrios como San Diego, con una década de estancamiento de sueldos al que se suma un aumento en el paro y en la densidad de la población gracias a los desahucios que han obligado a familias numerosas enteras a compartir pisitos unas con las otras.[8]
En Sareb saben todo esto. Es en lo que invierten y venden a otros inversores: una necesidad básica. En los últimos años Sareb, consciente de su imagen mediática, se ha empeñado en poner en marcha operaciones caritativas a pequeña escala, cediendo algunos edificios o pisos sueltos en ayuntamientos sin gran importancia inmobiliaria. Mientras, la respuesta a las exigencias de la PAH de cesiones sustantivas de inmuebles que permitan crear parques de vivienda pública en grandes urbes, ha quedado en nada (Madrid[9]) o sido poca cosa (Barcelona[10]). Pero la actitud de Sareb frente a la recuperación organizada de sus inmuebles para uso social, en bloques como el en el que vivimos yo y mis vecinas, ha sido de una hostilidad extrema. Si bien se han firmado numerosos contratos de alquiler social como resultado de ocupaciones familiares de pisos sueltos (también con la PAH de por medio), las negociaciones y el alquiler social en los bloques enteros recuperados ha sido sistemáticamente rechazadas por Sareb, al menos en Madrid.
Podremos afirmar que a Sareb le jode que luchemos juntas. Jode la organización popular de base. Jode que quien reclame regularización en una casa ocupada no se presente como un mero objeto de caridad, útil para la limpieza de la imagen pública. Jode que el sujeto que les habla se haya hecho fuerte, que haya ganado una voz junto a otras y hable de derechos. Es lo que hacemos en la PAH, gracias a la cual ayer vimos activarse todo un tejido social en defensa de nuestra casa y del derecho a la vivienda que se nos arrebata una y otra vez. En esto la nueva normalidad no se diferencia de ninguna manera de la vieja, esa normalidad que siempre fue el problema: para hacer que la propiedad inmobiliaria produzca rentas sirve incluso la pandemia del Covid-19: en los meses previos a nuestra cita ineludible y no deseada, Sareb ha estado de campaña y podemos ver cómo su página de Twitter afirma: “Este verano, quédate en casa” y “este virus lo paramos unidos”. No les importa tampoco que hayamos estado entregando documentación personal a una empresa encargada de valorar si éramos suficientemente pobres para ser merecedoras de un alquiler social, pero no demasiado como para no poderlo pagar. No les importaba ya ese tan repetido ‘interés común’ de toda la sociedad que hace muy poco tiempo estaba en todos los labios, para que a los ricos les diera por darse cuenta de que, si los pobres se enferman, les afectará también a ellos mientras requieran de su servicio doméstico, de sus canguros y au pairs; de los camareros en las terrazas tórridas con difusores de agua en aerosol que lo mismo alivia el calor que expone al contagio à la gintonic, los paseos de shopping en tiendas cuyas dependientas vienen de nuestro barrio (sí, el más afectado por el virus)… Ya se les olvidó. No se preguntan, como nos preguntamos nosotras: ¿quién se puede permitir proteger? ¿Será que saben que sí con tal nitidez que deja de importarles? No lo sé, solo me lo pregunto. Recuerdo que en su ‘Campaña Covid19’, Sareb asegura: “Priorizamos un verano seguro y tranquilo”, y ofrece consejos para la búsqueda de una casa de vacaciones con piscina, para estar a salvo del virus de las grandes aglomeraciones turísticas. No hablan de las aglomeraciones que crea evitar un desahucio, obviamente.
Las vecinas de Callejo también hemos estado de campaña. Tejimos nuestra campaña alrededor de Victoria: debíamos protegerla sobre todo a ella, que salió del hospital después de la quinta operación de corazón por una válvula rota la misma tarde del jueves y se despertó la mañana del viernes con la notificación de la orden de desahucio. Tres días con el pecho abierto en coma inducido, luego la mandan para casa; dos semanas de margen para movilizarnos. Victoria no duró en casa ni una semana, y volvió a ser ingresada el lunes siguiente por una infección postoperatoria grave, por la que volvieron a meterla en el quirófano por sexta vez. Sabíamos que tener un contagio de coronavirus en su estado se acercaba a una sentencia de muerte. Así que cuando estaba en casa, la protegíamos como podíamos y cuando volvió al hospital respirábamos de alivio porque no iba a tener que vivir el día del desalojo desde la cama. Pero sí tenía que tener una casa a la que volver cuando estuviera recuperada.
Uno de los puntos de alianza más emocionantes fue la manera en la que los profesionales de la sanidad pública que atienden a Victoria nos hicieron saber muy pronto que nuestra lucha también es suya. No solo escribieron informes sobre la salud de nuestra vecina que necesitábamos para apelar al juzgado y a la SAREB, sino que en los pasillos de sus centros de salud y en sus asambleas se pusieron a hablar de nosotras y del edificio en el que vivimos y corremos el riesgo de perder. Coincidió todo con que los MIR, los y las médicas internas residentes, están en huelga indefinida por los derechos laborales que les están siendo denegados después de que se dedicasen a cuidar, codo a codo con el resto del personal sanitario y hospitalario, personas enfermas de coronavirus durante los peores meses de la pandemia. Ya de antes saben lo mucho que nuestras luchas se intercalan: en la atención primaria, quienes llevan con orgullo la coletilla de la “salud comunitaria” se preguntan cuántas dolencias existen porque las personan malviven en lugares poco dignos, hacinadas entre personas que se conocen o no, a veces sin agua corriente o modo de calentar la casa en invierno (por no hablar de enfriarla durante las temperaturas cada vez más altas del verano), o la tensión y malestar que se acumula en el cuerpo cuando se alargan los años de convivencias no deseadas, resistiendo a la violencia machista, por obligación económica. Basta añadir una pandemia y verás lo imposible que es protegerse, protegernos entre todas, si no tienes un espacio al que llamar hogar cuando te ponen en cuarentena. Cuando llegó el día del desahucio, los MIR nos mandaron un mensaje claro: sin vivienda no hay salud.
Y lo que pasa es que al igual que no se tiene derecho a una vivienda, tampoco se tiene derecho a la salud siendo pobre. Se tiene cierto derecho a la supervivencia, pero solo si sabes explicarte bien, encuentras las ventanillas que dan los papeles correctos y consigues saltar por todos los aros que el estado pone en el circo en el que los pobres estamos en continua observación, reeducación, subjetivación caritativa. Lo que produce en nosotras la organización popular, de la que las vecinas de Callejo 13 formamos parte desde hace seis años, es otra cosa. Lo sé cuando miro a Triana, la hija mayor de Susana, jugando en la asamblea después de parar el desahucio. Lo sé en su sonrisa, su goce, su infancia de una niña no desahuciada que se quedó en la casa en la que nació y creció porque su madre ya tiene no solo una vivienda, sino toda una vida digna, al igual que yo, al igual que todas nosotras, porque la dignidad está en habernos buscado y encontrado, en haber aceptado acompañarnos a las duras y a las maduras, a la sombra de las finanzas, donde la vida crece salvaje y fuerte.
[1] PAH Vallekas es el grupo local de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Para quien tenga curiosidad, la página web de PAH Vallekas y la de la organización estatal de la PAH.
[2] Para estudiar más sobre Sareb, puedes empezar con la entrada de La enciclopedia libre Wikipedia, que se encuentra desactualizada en tanto los últimos años, pero ofrece un repaso del contexto histórico en el que se la crea y con qué objetivo.
[3] Lee más sobre el concepto y historia de bancos malos en la entrada de La enciclopedia libre Wikipedia.
[4] Léase la página de la campaña Obra Social de la PAH en la web estatal de la Plataforma.
[5] Solo por ofrecer un ejemplo, véase esta noticia del año 2015 sobre ventas a Blackstone.
[6] Para seguir estudiando, el artículo de CTXT.com “Sareb: anatomía de un desfalco” y el libro mencionado, “Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler” por Manuel Gabarre de Observatorio CODE, editado y publicado en libre descarga por Traficantes de Sueños en 2019.
[7] Recordamos a Lehman Brothers como una de las compañías estadounidenses de servicios financieros más infames, cuya quiebra en 2008 desencadenó la crisis de las hipotecas subprime y, gracias a la asimilación del sistema financiero con los estados capitalistas, la de la deuda soberana en Europa.
[8] Huelga decir, para resaltar el afán de Blackstone en el ejercicio de todo tipo de terror financiero, que su otro foco de inversión en España fueron los pisos denominados de Protección Oficial: la poquísima vivienda pública que tenía el país, y con cuya venta los políticos del Partido Popular hicieron caja para sí mismos. El plan es hacer de las reglas del mercado una ley absoluta.
[9] En el 2016 el gobierno municipal de Manuela Carmena anunció la cesión de 300 pisos de Sareb para uso social, tan solo para declarar luego que no se trataba de una cesión ya que el ayuntamiento iba a pagar un alquiler por los pisos – y que el número de pisos que podían realmente usarse para acoger algunas de las más de 25.000 solicitantes de vivienda pública, no llegaba a más de 150 porque la otra mitad se encontraba ocupada por familias que no pudieron esperar a la lotería de la alcaldesa.
[10] A finales del 2015 el ayuntamiento de Barcelona anunció la cesión de 300 pisos en un momento en el que había 30.000 solicitantes de vivienda pública. El recorrido político previo de la alcaldesa Ada Colau en la lucha por la vivienda digna, sin embargo, puede verse reflejado en que la cesión se estructuró contractualmente, se produjo sin pago de dinero público a Sareb y ha tenido su continuación en campañas sucesivas que busquen modificar la legislación municipal para aumentar el número de pisos cedidos.
