Descripción del proyecto
Autoría: Kruskaya Hidalgo Cordero y Ana María Morales Troya.
Publicado en Píkara.
Ilustración: Amanda Martínez.
Ante la desprotección de las trabajadoras del hogar por la pandemia, las autoras analizan la correlación que existe entre trabajo doméstico, la racialización y la migración laboral internacional y nacional femenina, principalmente en el caso de Ecuador. Porque la división sexual del trabajo de cuidados está atravesada por la clase y la “raza”.
El trabajo reproductivo y de cuidados es parte de los históricos procesos de despojo, expropiación y desvalorización de nuestro continente, Abya Yala. La invisibilización de dicho trabajo ha constituido uno de los mecanismos para usurparle su valor. En palabras de Silvia Federici “solo se ha visto el trabajo asalariado como un trabajo real”. Además, se ha construido socialmente como una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Responsabilidad en cuanto a la división sexual del trabajo asalariado y no asalariado de orden patriarcal, como dice el lema feminista “eso que llamas amor es trabajo no pago”. Sin embargo, este trabajo es esencial para el funcionamiento del capitalismo y, a la par, para el sostenimiento de la vida.
«La inmensa cantidad de trabajo doméstico remunerado y no remunerado realizado por mujeres en el hogar es lo que mantiene el mundo en movimiento”, dice también Federici.
El trabajo remunerado del hogar tiene un origen colonial. Fue la mano de obra de esclavas que por siglos realizó las labores domésticas para usufructo de familias blancas y más adelante criollas y blanco mestizas. Remontarnos a esa herida colonial, implica entender la negación histórica de humanidad y subjetividad a la que las mujeres afrodiaspóricas e indígenas fueron sometidas por el colonialismo europeo. En esa herida también viven las violaciones a niñas, adolescentes y adultas realizadas por sus “patrones” mientras hacían el trabajo doméstico y que son parte de la constitución del mestizaje latinoamericano. Además, es necesario recordar el origen de la palabra “doméstico”, en latín domus, que hace referencia a la idea de la dominación del esclavo por parte del amo.
A pesar de la abolición de la esclavitud, esas relaciones raciales jerárquicas se mantuvieron en el tiempo. Relaciones de servilismo, semiesclavitud, dueñismo, entre otras. No es menor mencionar que hasta el presente existe la entrega infantil para el trabajo del hogar en América Latina. Actualmente, en el Ecuador, el 65 por ciento de familias que tienen servicio doméstico son del área urbana y del quintil cinco, hogares de ingresos altos; mientras que el 60 por ciento de trabajadoras del hogar proviene de hogares pobres, de los cuales siete de cada 10 no tiene acceso a agua potable. Es así que esa división sexual del trabajo de cuidados está atravesada por la clase y la “raza”.
En el mundo, quienes mayoritariamente realizan trabajo remunerado del hogar son mujeres migrantes y racializadas. Es decir, existe una correlación entre trabajo doméstico, la racialización y la migración laboral internacional y nacional femenina. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la creciente demanda de servicio doméstico para hogares es una de las principales causas de la feminización de la migración laboral. De hecho, en la memoria del Ecuador está plasmada esta dinámica: miles de mujeres ecuatorianas mestizas, indígenas y afrodescendientes han emigrado principalmente a Europa y Estados Unidos para trabajar en hogares y tareas de cuidados. Tomamos el término de María Galindo:
son “las exiliadas del neoliberalismo”. Este trabajo femenino cubre hasta la actualidad un porcentaje importante de las remesas que siguen ingresando al Ecuador de su población migrada.
Es así por lo que esta actividad que se realiza en condiciones de precarización y vulneración de derechos deja ver la intersección de género, clase, raza y origen de procedencia. Mujeres sin contratos y sin seguridad social; cobrando por hora o día de trabajo; sin derecho a vacaciones, licencia de maternidad o permiso por enfermedad; enfrentando clasismo, sexismo y racismo. En Ecuador es común escuchar de mujeres que trabajan “puertas adentro”, es decir, que viven en las casas de sus empleadores, generalmente cumpliendo un horario de trabajo que excede las ocho horas diarias y puede incluir los fines de semana sin recibir dinero adicional por horas extra.
En el Ecuador, la mayoría de trabajadoras remuneradas del hogar realizan esta actividad en la informalidad y esa es su única fuente de ingreso. Con la pandemia, la situación de las compañeras se ha agravado. Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines (UNTHA) en su núcleo Guayaquil –una de las ciudades epicentros de la Covid-19 en la región– denuncian que algunas de sus compañeras han sido forzadas a trabajar “puertas adentro” mientras sus empleadores no toman las medidas de seguridad para evitar contagios. De estas mujeres, un gran número son migrantes. Cabe recalcar que esta migración es tanto interna como externa; interna de mujeres mayoritariamente racializadas y externa sobre todo de mujeres colombianas y venezolanas.
Desde que se declaró estado de excepción en Ecuador, el 14 de marzo -instaurándose toque de queda y aislamiento preventivo obligatorio- muchas trabajadoras remuneradas del hogar se han visto imposibilitadas de realizar su trabajo. Con ello, se han quedado sin la fuente de ingresos para sostenerse a ellas y sus familias. Es decir, ellas son uno de los sectores más vulnerables de la población. Las compañeras de la UNTHA exponen que existen mujeres que no recibieron ningún pago por la primera quincena de su trabajo de marzo o fueron despedidas sin paga alguna durante la cuarentena.
En este contexto de contagio, se pone en riesgo la vida de las mujeres que se encuentran trabajando “puertas afuera” y tienen que movilizarse todos los días. Pero también de las mujeres que están trabajando “puertas adentro” -en confinamiento- y que dependen en gran medida de la protección y prevención de sus empleadores. En diferentes países se han conocido casos de trabajadoras que se han contagiado en las casas donde trabajan, sin ser dotadas de insumos de bioseguridad y sin recibir atención médica al tener la Covid-19.
En cuanto a las mujeres que han sido despedidas, conocemos que algunas se encuentran vendiendo jugos, comida u otras cosas en la calle. Además, existen mujeres que están trabajando “puertas adentro” sin recibir su sueldo, ni con filiación al seguro. De hecho, existen mujeres trabajando “puertas adentro” que desde que comenzó la pandemia no reciben pago alguno, pues sus empleadores sostienen que el pago se da a través de la estadía y la comida que reciben en esas casas. Esto nos remite al régimen de hacienda donde las personas trabajadoras se endeudaban con los patrones para poder comer o su pago era en especies; algo que al parecer continúa en el tiempo. Estos casos demuestran la desprotección a la cual están expuestas las trabajadoras remuneradas del hogar y, a la par, cómo persisten las estructuras coloniales de explotación.
Históricamente la dominación patriarcal se ha ejercido sobre los cuerpos de las mujeres, y los hogares -entendidos fuera de los márgenes del Estado- han sido laboratorios para dicho control.
Es así que las familias se han constituido como pilares del sistema capitalista, patriarcal y colonial sosteniendo la matriz de opresión. Resultado de estas violencias machistas perpetradas dentro de las cuatro paredes del hogar, la mayoría de femicidios a escala mundial son perpetrados por parejas o exparejas. A la par, conocemos los altos índices de abuso sexual intrafamiliar, además de la violencia psicológica, física y patrimonial que se dan en el espacio doméstico, “privado”. Es decir, el espacio doméstico, tanto la casa propia como la ajena, es inseguro y violento para las mujeres. Los casos de violencia de género se han incrementado durante la pandemia en todo el mundo. En Ecuador, entre el 12 de marzo y el 16 de abril del 2020, el ECU 911 ha registrado 7.954 llamadas de alerta por violencia intrafamiliar.
Si reconocemos cómo el trabajo remunerado del hogar fue constituido en estructuras coloniales y esclavistas, en la coyuntura actual podemos asumir que, con las reformas laborales que pretende instalar el Gobierno ecuatoriano, este trabajo se verá más desvalorizado y precarizado. Ecuador ratificó el Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos de la OIT en diciembre de 2013. Sin embargo, desde su entrada en vigor, solo el 23 por ciento de las trabajadoras remuneradas del hogar están afiliadas al Seguro Social. Es decir, más de 172.000 mujeres trabajadoras remuneradas del hogar no están aseguradas o si lo están es por cuenta propia, más no por responsabilidad de sus empleadores. Este cálculo se da en base al total de 222.495 trabajadoras remuneradas del hogar del censo de 2010 (OSE, 2018). Todas ellas no tendrán una jubilación digna. Además, para este año 2020, sólo el 30 por ciento de dichas trabajadoras están registradas en el Ministerio de Trabajo.
El contexto político que atraviesa Ecuador desenmascara el Gobierno neoliberal de turno, que antes de la pandemia ya aplicaba leyes antipopulares y desde la emergencia sanitaria las ha recrudecido. Por mencionar algunos de estos ataques a la dignidad del pueblo ecuatoriano, se encuentra el pago de 1300 millones de dólares de deuda externa el pasado marzo en pleno brote de la pandemia y el desabastecimiento del sistema de salud pública. O la reciente decisión del poder ejecutivo de recortar en más de 100 millones de dólares el presupuesto a 32 universidades y escuelas politécnicas públicas. Frente a la crisis económica que atraviesa el país, el Gobierno de Lenin Moreno presentó dos proyectos de ley a la Asamblea Nacional: la Ley de Apoyo Humanitario y Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas. Ambas leyes legalizan la concentración de la riqueza en pocas manos, permiten mayor flexibilización laboral y en sí favorecen a los grandes grupos económicos. La Asamblea aprobó ambas leyes, sellando el pacto neoliberal y ratificando el plan del Gobierno de Moreno: que sea el pueblo el que pague la crisis.
Ante estas leyes de extrema explotación laboral, la UNTHA exige que el trabajo remunerado del hogar sea incorporado como una actividad esencial de la economía y el cuidado en el contexto de la pandemia. Esta es una demanda de las trabajadoras remuneradas del hogar en todo el mundo. Como plantea Marcelina Bautista, del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar SINACTRAHO en México, las trabajadoras del hogar que siguen trabajando deben contar con seguridad social, con protocolos de bioseguridad por parte de sus empleadores; además se solicita que desde el Gobierno se cree legislación específica y un plan de acción para el desempeño de su actividad laboral.
Lenny Quiroz, dirigenta de la UNTHA, afirma que es indispensable cuidar a las trabajadoras remuneradas del hogar porque ellas son “una parte fundamental para la sociedad. Desde los años antiguos este trabajo no ha sido valorizado pero hemos sostenido al país”. Frente al actual despojo, comprendemos que las vidas de las trabajadoras remuneradas del hogar sobreviven en su organización sindical y comunitaria. La militancia y dignificación del trabajo remunerado del hogar es una lucha de siglos que se teje en el cuidado fuera de lo privado, en el cuidado entre mujeres. Visibilizar y reclamar condiciones dignas de trabajo es una resistencia de generaciones que es nuestra responsabilidad defender. Las heridas se han ido sanando con la palabra, con la política en femenino. La injusticia y la explotación laboral todavía tienen un camino a desandar ante el despojo neoliberal.
