Foto: wambra.ec

Por Anahi Macaroff¹

Fotos Wambra Medio Comunitario

Ecuador lleva 23 días de paro nacional, sin que se vislumbre una salida ante un gobierno cuya única respuesta al descontento social es la represión. Al igual que en 2019 y 2022, la eliminación del subsidio a los combustibles encendió la movilización social, a partir de un descontento popular que ya se encontraba en ascenso.

El anuncio del gobierno y la convocatoria a un nuevo paro nacional llegan en una coyuntura que, si bien puede leerse como una continuidad de los años 2019 y 2022, presenta varias diferencias en términos sociales, políticos, institucionales y represivos que inaugura un escenario nuevo y distinto. El elemento disruptor de este nuevo momento es, sin duda, la instalación, por parte del gobierno, de una lógica de guerra desde la cual configura toda su gestión y cuya brutal escenificación puede verse en los operativos militares y policiales desplegados a lo largo de estos 23 días.

El retiro de este subsidio es una medida largamente reclamada por el FMI que ya había afectado a la gasolina y que ahora avanza sobre el diésel, un combustible clave para el sector campesino y el transporte de alimentos y que por lo tanto afecta de manera directa a la canasta básica y a los costos de vida de gran parte de la población².

A esta medida hay que sumarle las manifestaciones de artistas y trabajadores de la cultura, que se movilizaban cada jueves desde hace semanas, junto a otros funcionarios públicos; una asamblea autoconvocada, contra el cierre del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, así como por el despido de más de 5000 trabajadores públicos (DW 25/07/2025) y los reclamos por la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud (Primicias, 17/09/2025). Es importante atender este contexto, porque al igual que en 2019 y 2022, la subida de los combustibles y las movilizaciones que esta medida genera se suman a una ola de conflictividad social que, aunque dispersa, ya se encontraba en ascenso.

Cuando el 22 de septiembre de 2025, las bases del movimiento indígena, especialmente de la Sierra Centro, convocaron a un nuevo Paro Nacional, el gobierno no solo se negó a abrir canales de diálogo, sino que desplegó todo el andamiaje represivo construido desde el 9 de enero de 2024, con la declaración por decreto (111) de Conflicto armado no internacional.

Lo cierto es que Ecuador, en los últimos años, atraviesa niveles de violencia inéditos en su historia debido al combate entre grupos relacionados con el narcotráfico por el control del territorio. Esta crisis se manifiesta en varios frentes:

• Masacres carcelarias. Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, al menos 618 personas fueron asesinadas en las prisiones.

• El incremento de la minería ilegal y sus vínculos con la minería «legal».

• La falta de control de fronteras y aduanas, que permite el ingreso de armas y la salida de cocaína en cajas de banano rumbo a Europa y Estados Unidos.

• La reducción neoliberal del Estado, que deja a poblaciones enteras sin servicios básicos y crea zonas liberadas para los grupos de delincuencia organizada.

Lejos de disminuir con la declaratoria de guerra, la violencia no ha parado de incrementarse, registrando 4.619 homicidios en el primer semestre de 2025, un 47% más que en 2024. Sin embargo, esta declaratoria ha permitido al gobierno suspender derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión durante casi un año, a pesar de que la Corte Constitucional advirtió que esta suspensión debía ser temporal y estar debidamente justificada.

Militares en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador, el miércoles 01 de octubre durante manifestación de estudiantes y artistas. foto: Wambra medio comunitario. Fuente: wambra.ec

La aplicación de una doctrina basada en la neutralización del enemigo, junto con un proceso de desfiguración de la noción misma de enemigo, se evidencia en el caso de la tortura y asesinato de los cuatro niños de Guayaquil. A esto se suma lo retratado en el informe presentado por Amnistía Internacional el 25 de septiembre, que recoge casos de desaparición forzada ocurridos en Ecuador durante 2024, todos vinculados a operativos militares en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos.

El relato de guerra fue el argumento para incrementar el IVA al 15% sin mayor oposición y a pesar de la persistencia de la violencia, la figura de «hombre firme» para encabezar el combate le dio a Noboa un nuevo triunfo electoral en abril de 2025.

Poco antes del decreto del diésel, el presidente aprovechó la nueva mayoría en la Asamblea Nacional, que no tenía en su periodo anterior, y una interpretación discrecional de la normativa para avanzar en la aprobación de cinco leyes económicas urgentes: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Transparencia Social, la Ley de Integridad Pública, el Proyecto de Áreas Protegidas y la Ley de Inteligencia.

Uno de los cuestionamientos a estas leyes apuntaron al incremento de una política represiva que define de manera amplia los objetivos militares, permite las escuchas y los allanamientos sin orden judicial, al tiempo que expide un indulto anticipado para militares. La ambigüedad en la formulación del «enemigo» permite utilizar estos marcos legales para perseguir y limitar el accionar de opositores políticos y organizaciones críticas con el gobierno³.

Asi la actual movilización social tiene lugar en este contexto de aplicación de una doctrina de guerra que habilita graves violaciones a los derechos humanos. Con el correr de los días las protestas se han ido intensificando ante la negativa del gobierno a abrir canales de dialogo, especialmente en los sectores de la Sierra Norte con fuerte población indígena. El gobierno, como era de esperar, ha apelado al libreto del terrorismo y la guerra con imágenes como las captadas por una cámara de seguridad durante el sexto día del paro. En ellas se observa a una persona herida y a otras cuatro intentando socorrerla, momento en que llegan dos tanquetas militares. La mayoría huye, pero una persona se queda junto al comunero Efraín Fuerez quien estaba gravemente herido. Se ve cómo dos militares bajan y patean al herido y a su acompañante. En los 2 minutos y 40 segundos que dura la escena, al menos 33 golpes y patadas caen sobre ambos, inmóviles en el asfalto. Al día siguiente se confirmó la muerte del comunero (GK 30/09/2025). Al igual que con los niños de Guayaquil, el gobierno intentó negar el hecho, pero las imágenes se viralizaron.

Tras la muerte del comunero Efraín Fuerez, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) denuncio cortes de luz, de señal telefónica e internet en las comunidades donde se concentran las principales movilizaciones y bloqueos de carreteras. El objetivo de estas acciones sería impedir la difusión de nuevas imágenes que puedan complejizar la narrativa de «amigos/enemigos» y «fuerzas de seguridad/terrorismo» que el gobierno sostiene para justificar su accionar frente a la conflictividad social.

El contexto del paro evidenció un despliegue de fuerza y acciones por parte del gobierno nunca antes visto, ni siquiera en operativos contra el crimen organizado. Por ejemplo, apenas iniciada la convocatoria a movilizaciones, se procedió a congelar las cuentas bancarias personales de activistas y organizaciones sociales. Al respecto, en una entrevista a un medio local, el Ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, justificó la medida afirmando que buscaba impedir la «economía criminal» de quienes financian las protestas (Radio Centro Digital, 22/09/2025).

Pero sobre todo, el paro puso en evidencia la capacidad de control sobre el relato y la posibilidad de expandir noticias falsas desde el mismo gobierno para ubicarse en el lugar de víctimas. Un ejemplo fue la noticia del falso intento de asesinato del presidente, ante el malestar generado por el paso de la caravana presidencial —en la cual no estaba el presidente— por en medio de las protestas, a pesar de haber recibido una alerta por parte del alcalde de Cañar. La caravana fue recibida con una avalancha de piedrazos sobre los vehículos blindados. El hecho fue denunciado como un intento de asesinato y una ministra incluso habló de impactos de bala, algo que fue desmentido por el propio informe policial. Sin embargo, esto sirvió para que los medios de comunicación nacionales e internacionales se hicieran eco de las declaraciones sin contrastar la información, instalando el discurso de ataque terrorista (Radio Pichincha 8/10/2025).

Haciendo gala de un profundo racismo estructural, vimos a militares cortar por la fuerza la trenza de dos jóvenes otavaleños, violentando un símbolo sagrado (El Expreso 12/10/2025). Y mientras escribo estas líneas, la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas, está sufriendo una invasión militar disfrazada de convoy humanitario, cuestionada incluso por la misma Cruz Roja, ya que su objetivo no es llevar ayuda, sino abrir los cortes de ruta y acabar con el paro.

Así, la supuesta «acción pacificadora» y la llamada «ayuda humanitaria» desplegadas el día 23 del paro dejaron un saldo trágico:

• Una adulta mayor del pueblo Kichwa Saraguro, Rosa Paqui Seraquive, muerta por asfixia y varios niños graves tras la desmedida utilización de gas lacrimógeno en los territorios indígenas.

• Un comunero asesinado, José Guamán Izama de San Rafael de Chachimbiro, por herida de bala en el pecho.

• Un periodista comunitario impactado por la espalda con un arma de fuego mientras grababa la represión.

• 50 heridos, varios en estado crítico.

• Los centros de salud de Otavalo y Peguche saturados debido al ingreso de personas con heridas de bala, y denuncias del ingreso de militares a los mismos con orden de no atender a manifestantes heridos (Radio Pichincha 14/10/2025).

• Se suman 41 detenidos y una comunera desaparecida.

Al llegar la noche, mientras la represión continúa, un coche bomba explota en la ciudad de Guayaquil (PRIMICIAS 14/10/2025), el hecho es presentado por algunos sectores como un atentado contra el presidente que está enfrentando al terrorismo y logra que, nuevamente, lo que sucede en los territorios indígenas quede fuera de la agenda pública de los medios de comunicación.

Foto: wambra.ec

Impresiones ante un escenario abierto

En un contexto donde la violencia es una de las principales preocupaciones de la población, el presidente Daniel Noboa ha consolidado su poder basándose en una gestión del miedo y en su capacidad para influir en el discurso público. Ha logrado moldear las ideas a través de los medios tradicionales y una millonaria inversión en redes sociales que le han permitido consolidar una narrativa en la que la guerra se coloca en el centro del proyecto político gubernamental.

El mayor logro de las élites en el poder es la normalización de la necropolítica. Al arraigar el discurso de la guerra a la experiencia concreta del miedo que vive la población, logran extender la lógica del conflicto a la vida cotidiana. La política, entonces, deja de ser un espacio de construcción colectiva para convertirse en un terreno de batalla, donde las diferencias ideológicas y sociales se tratan como amenazas existenciales. Este enfoque no solo justifica la represión, sino que también desactiva el pensamiento crítico, legitimando un modelo de poder que se impone por la fuerza en detrimento de los principios democráticos.

Las y los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo 16 de noviembre para decidir si permiten la instalación de bases militares extranjeras y si quieren iniciar un nuevo proceso para elaborar una nueva Constitución. Esta última pregunta es clave, ya que el gobierno busca avanzar en una reforma constitucional en al menos tres sentidos: 1/ levantar las trabas para la expansión extractiva; 2/ avanzar en la flexibilización laboral y 3/ generar un blindaje para la política represiva.

El resultado de estas elecciones será leído como rechazo o aval a este proyecto político de las élites y puede habilitar prácticas aún más radicales. El uso de la «guerra contra el terrorismo» para resolver conflictos políticos y sociales representa un grave riesgo para la democracia, ya que sustituye los canales tradicionales de la política —el debate, el diálogo y la negociación— por una lógica de combate y eliminación del «enemigo».

Ecuador se encuentra en una encrucijada: la de apostar por un «gobierno fuerte» cuya gobernabilidad prescinda del diálogo y el consenso para imponer su agenda mediante la fuerza, normalizando un estado de excepción permanente; o la de defender la institucionalidad democrática como principio para procesar los disensos y las diferencias políticas. Estamos ante una coyuntura en la que la democracia corre el riesgo de reducirse a una mera formalidad electoral, mientras en la práctica se erosionan progresivamente las libertades civiles, el Estado de derecho y la separación de poderes.