En 2001, Incite!, una red de feministas comunitarias de color que lucha contra la violencia machista y la organización estadounidense por la abolición de las cárceles Critical Resistance, lanzaron un llamamiento a los movimientos por la justicia social instándolos a desarrollar estrategias y análisis que abordasen a la par la violencia estatal y la violencia  machista que se desplegaba en el plano interpersonal. Señalaban los obstáculos que detectaban en la alianza entre los movimientos contra la violencia machista, por un lado, y los movimientos contra la brutalidad policial y el desarrollo de la industria penitenciaria, por otro. Muchos de los obstáculos que identificaron hace más de dos décadas siguen hoy en pie, drenando fuerzas e impidiendo el desarrollo de un enfoque feminista de la violencia radicalmente antipunitivo. La traducimos al castellano con motivo de este 25 de noviembre a modo de hoja de ruta de las tareas aún pendientes.

La declaración original puede descargarse en diferentes formatos en la página de Incite! Pincha aquí.

Declaración sobre la violencia machista y el complejo industrial penitenciario (2001)

Incite! Women of Colour Against Violence & Critical Resistance

Hacemos un llamamiento a los movimientos por la justicia social para que desarrollen estrategias y análisis que aborden a la par la violencia estatal Y la violencia interpersonal, en particular, la violencia contra las mujeres. En la actualidad, l*s activistas y los movimientos que luchan contra la violencia estatal (los grupos contra las cárceles y contra la brutalidad policial, entre otros) suelen trabajar desconectad*s de l*s activistas y los movimientos que combaten la violencia doméstica y sexual. El resultado es que las mujeres de color, que sufren de forma desproporcionada tanto la violencia estatal como la interpersonal, quedan marginadas dentro de estos movimientos. Es fundamental que desarrollemos respuestas a la violencia machista que no dependan de un sistema de justicia penal sexista, racista, clasista y homófobo. También es importante que desarrollemos estrategias que pongan en cuestión el sistema de justicia penal y que a la par proporcionen seguridad a las sobrevivientes de la violencia sexual y doméstica. Para vivir vidas sin violencia, debemos desarrollar estrategias holísticas para abordar la violencia que hablen de la intersección de todas las formas de opresión.

El movimiento contra la violencia machista ha tenido una importancia decisiva a la hora de romper el silencio en torno a la violencia contra las mujeres y de proporcionar los servicios que tanto necesitan las sobrevivientes. Sin embargo, el movimiento contra la violencia machista predominante se ha apoyado cada vez en mayor medida en el sistema de justicia penal como mecanismo de primera línea para acabar con la violencia contra las mujeres de color. Es importante evaluar el impacto de esta estrategia.

1. Los enfoques centrados en la intervención de las fuerzas del orden frente a la violencia contra las mujeres PUEDEN disuadir algunos actos de violencia a corto plazo. Sin embargo, como estrategia global para acabar con la violencia machista, la criminalización no ha funcionado. De hecho, en términos generales, las leyes de detención obligatoria en casos de violencia doméstica han llevado a la reducción del número de mujeres maltratadas que matan a sus parejas en defensa propia, pero no han llevado a la disminución del número de maltratadores que matan a sus parejas. Por tanto, la ley protege más a los agresores que a las sobrevivientes.

2. El enfoque criminalizador también ha hecho que muchas mujeres entren en conflicto con la ley, en particular las mujeres de color, pobres, lesbianas, trabajadoras del sexo, inmigrantes y con discapacidades, así como las mujeres que sufren otros tipos de marginación. Por ejemplo, en virtud de las leyes de detención obligatoria, ha habido numerosos casos donde los agentes de policía que han acudido ante una llamada por violencia en el hogar han detenido a la mujer que estaba siendo maltratada. Muchas mujeres sin papeles han denunciado casos de violencia sexual y doméstica para acabar finalmente deportadas a resultas de esta denuncia. El endurecimiento del sistema penal y policial también resulta en largas condenas penales para las mujeres sentenciadas por matar a sus maltratadores. Por último, cuando los fondos públicos se destinan a la policía y a las cárceles, se dan como efecto secundario inevitable recortes presupuestarios en los programas sociales, entre los que se encuentran los refugios para mujeres, las prestaciones sociales y la vivienda pública. Estos recortes dejan a las mujeres con menos posibilidades de escapar de las relaciones violentas.

3. Las cárceles no funcionan. A pesar del aumento exponencial del número de hombres en las cárceles, las mujeres no están en absoluto más seguras y los índices de agresión sexual y de violencia doméstica no han disminuido. Al pedir un incremento de la respuesta policial y penas más duras para quienes cometen actos de violencia machista, el movimiento contra la violencia machista ha contribuido a la proliferación de las cárceles, que ahora tienen encerradas a más personas per capita en Estados Unidos que en cualquier otro país. Durante los últimos quince años, se ha disparado además el número de mujeres en las cárceles, en particular mujeres de color. Las cárceles también infligen violencia contra el creciente número de mujeres que se encuentran entre rejas. Las activistas contra la violencia machista han pasado en buena medida por alto las palizas, los suicidios, la proliferación del VIH, los cacheos donde se obliga a las presas a desnudarse, la negligencia médica y las violaciones que sufren las reclusas. El sistema de justicia penal, una institución de violencia, dominación y control ha aumentado el nivel de violencia en la sociedad.

4. La dependencia de la financiación estatal para apoyar los programas contra la violencia machista ha aumentado la profesionalización del movimiento contra la violencia y lo ha alejado de sus raíces de organización comunitaria y justicia social. Esta dependencia ha aislado al movimiento contra la violencia machista de otros movimientos por la justicia social que buscan erradicar la violencia estatal, haciendo que acabe colocándose en contraposición y no en colaboración con estos movimientos.

5. La dependencia del sistema de justicia penal ha restado poder a la capacidad de las mujeres de organizarse colectivamente para detener la violencia y ha invertido este poder en el Estado. El resultado es que las mujeres que buscan reparación en el sistema de justicia penal se sienten desprotegidas y alienadas. También ha promovido un enfoque individualista en la erradicación de la violencia machista, de modo que la única forma en que la gente piensa que puede intervenir para detener la violencia es llamando a la policía. Esta dependencia ha hecho que abandonemos el desarrollo de mecanismos por los que las comunidades puedan responder de manera colectiva a la violencia machista.

En los últimos años, el principal movimiento contra las cárceles ha llamado la atención sobre el impacto negativo de la criminalización y del crecimiento del complejo industrial penitenciario. Como l*s activistas que buscan revertir la tendencia de encarcelación masiva y criminalización de las comunidades pobres y de color no siempre han colocado el género y la sexualidad en el centro de su análisis o de su dinámica organizativa, no siempre se ha respondido de manera adecuada a las necesidades de las sobrevivientes de la violencia doméstica y sexual.

1. L*s activistas que luchan a favor de un sistema policial y penitenciario que tenga que rendir cuentas se han organizado por lo general en torno a los hombres de color y los han conceptualizado como las principales víctimas de la violencia estatal. El énfasis que se ha puesto en la guerra contra nuestros hermanos e hijos ha invisibilizado a las mujeres presas y víctimas de la brutalidad policial. No se ha tenido en cuenta que la violencia estatal recae sobre las mujeres con la misma virulencia que sobre los hombres. No se ha prestado suficiente atención, por ejemplo, a la situación de las mujeres violadas por agentes de la policía migratoria o por los funcionarios de prisiones. Además, cuando los miembros de la familia y de la comunidad se ven criminalizados y encerrados, son las mujeres quienes llevan la carga de cuidar a la familia extensa. Se han creado varias organizaciones para defender a las mujeres presas, pero estos grupos se han visto con frecuencia marginados dentro de la corriente dominante del movimiento contra las cárceles.

2. El movimiento contra las cárceles no ha abordado estrategias para tratar las formas desbocadas de violencia a las que se enfrentan las mujeres en su vida cotidiana, tales como el acoso callejero, el acoso sexual en el trabajo, la violación y el abuso por parte de la pareja. Hasta que no se desarrollen estas estrategias, muchas mujeres se sentirán defraudadas por el movimiento. Además, al no buscar alianzas con el movimiento contra la violencia machista, el movimiento contra las cárceles ha enviado el mensaje de que es posible una liberación de las comunidades que no busque el bienestar y la seguridad de las mujeres.

3. El movimiento contra las cárceles no se ha organizado lo suficiente en torno a las formas de violencia estatal a las que se enfrentan las comunidades LGBTI. La juventud LGBTI que está en las calles y las personas trans en general son especialmente vulnerables a la brutalidad policial y a la criminalización. A los presos LGBTI se les niegan derechos humanos fundamentales como las visitas familiares de sus parejas del mismo sexo y las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo se ven sometidas en la cárcel a vigilancia y castigo.

4. Aunque desde el movimiento por la abolición de las cárceles estamos en lo cierto cuando señalamos que los violadores y los asesinos en serie constituyen un pequeño número de la población carcelaria, no hemos respondido a la pregunta de cómo deben tratarse estos casos. Much*s activistas contra la violencia contra las mujeres interpretan esta incapacidad para responder a la pregunta como una falta de preocupación por la seguridad de las mujeres.

5. Las diferentes alternativas al encarcelamiento desarrolladas desde el activismo contra las cárceles, por lo general, no han logrado ofrecer un mecanismo suficiente de responsabilización por el daño y también de seguridad para las sobrevivientes de la violencia sexual y doméstica. Estas alternativas se basan a menudo en una noción romántica de comunidades que todavía tienen que demostrar su compromiso y capacidad para mantener a salvo a mujeres y niñ*s o para abordar con la debida seriedad el sexismo y la homofobia que están profundamente arraigados en su seno.

Hacemos un llamamiento a los movimientos de justicia social interesados en acabar con la violencia en todas sus formas para que:

1. Desarrollen respuestas comunitarias a la violencia machista que no dependan del sistema de justicia penal Y cuenten con mecanismos que garanticen procesos de responsabilización del daño así como también la seguridad para las sobrevivientes de la violencia sexual y doméstica. Las prácticas transformadoras que surjan de las comunidades locales deberían documentarse y difundirse para promover respuestas colectivas a la violencia.

2. Evalúen críticamente el impacto de la financiación estatal en las organizaciones para la justicia social y desarrollen estrategias alternativas de recaudación de fondos para apoyar estas organizaciones. Desarrollen estrategias colectivas de recaudación de fondos y de organización para las organizaciones contra las cárceles y contra la violencia machista. Desarrollen estrategias y análisis que se dirijan específicamente a las formas estatales de violencia sexual.

3. Establezcan conexiones entre la violencia interpersonal, la violencia infligida por las instituciones estatales nacionales (como las cárceles, los centros de detención, los hospitales psiquiátricos y los servicios de protección a la infancia) y la violencia internacional (como la guerra, la prostitución en las bases militares y las pruebas nucleares).

4. Desarrollen un análisis y unas estrategias para acabar con la violencia que no aíslen cada uno de los actos de violencia (ya sean cometidos por el Estado o por individuos) de sus contextos más amplios. Estas estrategias deben abordar el modo en que comunidades enteras, de todos los géneros, se ven afectadas en múltiples sentidos tanto por la violencia estatal como por la violencia machista interpersonal. Las mujeres maltratadas que están en la cárcel representan una intersección entre la violencia estatal y la interpersonal y, por lo tanto, proporcionan una oportunidad para que ambos movimientos construyan coaliciones y luchas conjuntas.

5. Coloquen a las mujeres pobres/de clase trabajadora de color en el centro de sus análisis, prácticas organizativas y desarrollo de liderazgo. Reconozcan el papel que juegan la opresión económica, la «reforma» del sistema de bienestar y los ataques a los derechos de las trabajadoras en el aumento de la vulnerabilidad de las mujeres a todas las formas de violencia y sitúen el activismo contra la violencia machista y contra las cárceles junto a los esfuerzos por transformar el sistema económico capitalista.

6. Pongan en el centro de los esfuerzos organizativas las historias de violencia estatal cometida contra las mujeres de color.

7. Se opongan a los cambios legislativos que promueven la expansión de las cárceles, la criminalización de las comunidades pobres y de color y, por lo tanto, la violencia estatal contra las mujeres de color, aún en los casos en que estos cambios incorporen medidas de apoyo a las víctimas de violencia interpersonal machista.

8. Promuevan la educación política integral a nivel cotidiano dentro de nuestras comunidades, en particular en torno a la manera en que la violencia sexual contribuye a reproducir la sociedad colonial, racista, capitalista, heterosexista y patriarcal en la que vivimos, así como el modo en que la violencia estatal produce violencia interpersonal dentro de las comunidades.

9. Desarrollen estrategias de movilización contra el sexismo y la homofobia DENTRO de nuestras comunidades para mantener la seguridad de las mujeres.

10. Insten a los hombres de color y a todos los hombres en general de los movimientos por la justicia social a asumir una responsabilidad especial a la hora de abordar y organizarse contra la violencia machista en sus comunidades como estrategia fundamental para tratar la violencia y el colonialismo. Instamos a los hombres a abordar cómo sus propias historias de victimización han obstaculizado su capacidad para instaurar una justicia de género en sus comunidades.

11. Vinculen las luchas por la transformación personal y la sanación con las luchas por la justicia social.

Buscamos construir movimientos que no sólo acaben con la violencia, sino que creen una sociedad basada en la libertad radical, la responsabilidad mutua y la reciprocidad apasionada. En esta sociedad, la seguridad y la protección no se basará en la violencia o en la amenaza de violencia; se basará en un compromiso colectivo para garantizar la supervivencia y el cuidado de todas las gentes.

Apoyan esta declaración:

Organizations American Friends Service Committee Arab Women’s Solidarity Association, North America Arab Women’s Solidarity Association, San Francisco Chapter Arizona Prison Moratorium Coalition Asian Women’s Shelter Audre Lorde Project Black Radical Congress Break the Chains California Coalition for Women Prisoners CARA / Communities Against Rape and Abuse (Seattle) Center for Human Rights Education Center for Immigrant Families Center for Law and Justice Coalition of Women from Asia and the Middle East Colorado Progressive Alliance Committee Against Anti-Asian Violence (New York) Direct Action Against Refugee Exploitation (Vancouver) East Asia-US-Puerto Rico Women’s Network Against Militarism Institute of Lesbian Studies Justice Now Korean American Coalition to End Domestic Abuse Lavender Youth Recreation & Information Center (San Francisco) Legal Services for Prisoners with Children Minnesota Black Political Action Committee National Coalition Against Domestic Violence National Coalition of Anti-Violence Projects National Network for Immigrant and Refugee Rights Northwest Immigrant Rights Project (Seattle) Pennsylvania Lesbian and Gay Task Force Prison Activist Resource Center Project South San Francisco Women Against Rape Shimtuh Korean Domestic Violence Program Sista II Sista Southwest Youth Collaborative (Chicago) Spear and Shield Publications, Chicago Women of All Red Nations Women of Color Resource Center Youth Ministries for Peace and Justice (Bronx) Individuals Debra M. Akuna Gigi Alexander Jiro Arase Helen Arnold, Office of Sexual Misconduct Prevention & Education, Columbia University Molefe Asante, Temple University Rjoya K. Atu Karen Baker, National Sexual Violence Resource Center Rachel Baum, National Coalition of Anti-Violence Projects Elham Bayour, Women’s Empowerment Project (Gaza, Palestine) Zoe Abigail Bermet Eulynda Toledo-Benalli, Dine’ Nation, First Nations North & South Diana Block, California Coalition for Women Prisoners Marilyn Buck, Political Prisoner Lee Carroll, National Coalition Against Domestic Violence Emma Catague, API Women & Safety Center Ann Caton, Young Women United mariama changamire, department of communication umass amherst Eunice Cho, National Network for Immigrant and Refugee Rights Sunjung Cho, KACEDA and Asian Community Mental Health Services Christina Chu Dorie D. Ciskowsky Cori Couture, BAMM Kimberle Crenshaw, UCLA Law School Gwen D’Arcangelis Shamita Das Dasgupta, Manavi, Inc. Angela Y. Davis, University of California – Santa Cruz Jason Durr, University of Hawaii School of Social Work Michael Eric Dyson, University of Pennsylvania Siobhan Edmondson Michelle Erai, Santa Cruz Commission for the Prevention of Violence Against Women Samantha Francois Edna Frantela, National Coalition Against Domestic Violence Loretta Frederick, Battered Women’s Justice Project Arnoldo Garcia, National Network for Immigrant and Refugee Rights Dionne Grigsby, University of Hawaii Outreach College Lara K. Grimm Elizabeth Harmuth, Prison Activist Resource Center Will Harrell, ACLU of Texas Sarah Hoagland, Institute of Lesbian Studies Katayoun Issari, Family Peace Center (Hawaii) Desa Jacobsson, Anti-Violence Activist (Alaska) Joy James, Brown University Leialoha Jenkins Jamie Jimenez, Northwestern Sexual Assault education Prevention Program Dorothea Kaapana Isabel Kang, Dorean American Coalition for Ending Domestic Abuse Valli Kanuha, Asian Pacific Islander Institute on Domestic Violence Mimi Kim, Asian Pacific Islander Institute on Domestic Violence Erl Kimmich Paul Kivel, Violence Prevention Educator M. Carmen Lane, Anti-violence activist In Hui Lee, KACEDA Meejeon Lee, Shimtuh & KACEDA Beckie Masaki, Asian Women’s Shelter Ann Rhee Menzie, SHIMTUH & KACEDA Sarah Kim-Merchant, KACEDA Patricia Manning, Alternatives to Violence Project (AVP) Volunteer Kristin Millikan, Chicago Metropolitan Battered Women’s Network Steven Morozumi, Programs Adviser, Univ. of Oregon Multicultural Center Soniya Munshi, Manavi Sylvia Nam, KACEDA & KCCEB(Korean Community Center of the East Bay) Stormy Ogden, American Indian Movement Margo Okazawa-Rey, Mills College Angela Naomi Paik Ellen Pence, Praxis Karen Porter Trity Pourbahrami, University of Hawaii Laura Pulido, University of Southern California Bernadette Ramog Matt Remle, Center for Community Justice Monique Rhodes, Louisiana Foundation Against Sexual Assault Lisa Richardson Beth Richie, African American Institute on Domestic Violence David Rider, Men Can Stop Rape Loretta Rivera Alissa Rojers Clarissa Rojas, Latino Alianza Against Domestic Violence Paula Rojas, Refuio/Refuge (New York) Tricia Rose, University of California – Santa Cruz Katheryn Russell-Brown, University of Maryland Ann Russo, Women’s Studies Program, DePaul University Anuradha Sharma, Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence David Thibault Rodriguez, South West Youth Collaborative Roxanna San Miguel Karen Shain, Legal Services for Prisoners with Children Proshat Shekarloo, Oakland Anita Sinha, Attorney – Northwest Immigrant Rights Project Wendy Simonetti Barbara Smith, Founder – Kitchen Table Press Matthea Little Smith Natalie Sokoloff, John Jay College of Criminal Justice – C.U.N.Y. Nikki Stewart Nan Stoops Theresa Tevaga Kabzuag Vaj, Hmong American Women Association Cornel West Janelle White, Leanne Knot Violence Against Women Consortium. Laura Whitehorn, Former Political Prisoner Sherry Wilson, Women of All Red Nations Glenn Wong Yon Soon Yoon, KACEDA Mieko Yoshihama, University of Michigan School of Social Work Tukufu Zuberi, Center for Africana Studies, University of Pennsylvania