En Colombia, el gobierno nos está matando

“HASTA LOS TOMBOS[1] SE ESTÁN VOLVIENDO SICARIOS”

Cali, mayo 09 de 2021

“El gobierno nos está matando” es el SOS de la juventud colombiana ante la represión desatada por el gobierno contra la movilización pacífica que se inició el 28 de abril, día en el que fue convocado un paro nacional por las centrales obreras del país. La población se lanzó a las calles en forma masiva y esa noche se desató una ola de violencia de la policía contra las y los manifestantes que se habían ubicado en sitios estratégicos de la ciudad de Cali, estableciendo puntos de bloqueo permanentes que fueron atacados a bala con el propósito de generar terror y disuadir la protesta.

A pesar de que la represión continúo los días siguientes lo que hizo fue hacer crecer la indignación, lo que llevó a la calle el Primero de Mayo a una multitud sin precedentes en Cali, con la digna rabia a flor de piel. No obstante, el Comité Nacional de Paro hubiera hecho un llamado a terminarlo el 28 de abril y a realizar jornadas virtuales de protesta el día del trabajo. Lo que ha ocurrido es que este Comité ya no decide nada en relación con las protestas, las y los jóvenes en los puntos de bloqueo han generado sus propios órganos de decisión y de organización.

El gobierno del presidente Iván Duque Márquez le está dando un manejo de guerra a la protesta legítima que es un derecho constitucional. Duque le ha dado el mando al ejército en lo que ya se constituye en un autogolpe de estado, desplegando una fuerza bélica desproporcionada contra menores de edad que solo están armados de sueños y de piedras.

Al día de hoy 08 de mayo, las cifras de vulneración de los derechos humanos corresponden a un país en dictadura militar. Bajo el esquema de la “asistencia militar[2]”, se pretende a través de la fuerza mantener el orden público. La policía, el ESMAD[3], el ejército y civiles armados (paramilitares) han ataco a bala los puntos de bloqueo y declarado objetivo militar a la Misión Médica Voluntaria que atiende en estos puntos a los heridos, en franca violación de las normas internacionales de Derechos Humanos al respecto.

Ya se hace imposible contabilizar los asesinados, los desaparecidos, los golpeados y torturados, las mujeres abusadas sexualmente por la fuerza policial. Las fuerzas militares y de policía están impidiendo a las y los defensores de derechos humanos realizar su trabajo. No hay garantías para la vida hoy en Colombia.

El boletín informativo No. 9 de La Campaña Defender la Libertad ofrece un reporte de las violaciones a los derechos humanos a nueve días del paro nacional, desde el 28 de abril hasta el 7 de mayo a las 16:50 en todo el territorio nacional.

• 451 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 32 sufrieron lesiones oculares. 32 fueron heridas por arma de fuego. 67 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
• 15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
• 1.291 personas han sido detenidas[1], gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
• 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
• 629 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
• 32 personas fallecieron presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o civiles sin identificar en el marco de la protesta social (por verificar) y 1 policía. [Según INDEPAZ son 47 las personas asesinadas en el marco del Paro Nacional entre el 28 de abril y el 8 de mayo (8:15 pm) de los cuales 39 han sido por violencia policial]
• 216 personas presuntamente desaparecidas en el marco de la protesta social. Hemos recibido 258 registros de personas desaparecidas, de las cuales ya se tiene información de 42. Sin embargo, las cifras pueden ser superiores según lo denuncia la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia quienes afirman que estas pueden llegar a 471”. [Solo en Cali se tiene registro de 125 personas desaparecidas del 28 de abril al 06 de mayo (Misión de Verificación Valle)]

A pesar de esta situación las y los jóvenes se mantienen en las calles, expresando que les han quitado tanto, que hasta el miedo lo han perdido. Sus manifestaciones de protesta han sido pacíficas, creativas, lúdicas, artísticas. Hay suficiente evidencia que muestra a la policía realizando actos de vandalismo y violencia con el propósito de deslegitimar la protesta, restarle popularidad y justificar el uso de la fuerza pública. Quienes se movilizan hoy saben que el gobierno miente.

Este paro tiene sus antecedentes en el de noviembre de 2019 (21N), que fue convocado por las centrales obreras, organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, y también tuvo como protagonista a las y los jóvenes, esa vez a los agrupados en organizaciones estudiantiles universitarias. Esa noche se generó un escenario de miedo alrededor de presuntos grupos armados ilegales liderados por extranjeros, que estarían detrás del paro y que se movían por toda la ciudad intentando entrar a las viviendas y conjuntos residenciales a realizar saqueos y desmanes. Se trató de crear un escenario de terror con el propósito de justificar la acción de las fuerzas represivas del Estado.

La movilización del 21N del 2019 fue masiva, como no se había visto en el país nunca antes. Se trató de un despertar de las mayorías ante la precarización de la vida, a todos los niveles, a consecuencia del modelo neoliberal. Este paro se convirtió en tema de debate nacional apoyado por reinas de belleza, cantantes y diversas figuras del espectáculo. Seguíamos el camino de Perú, Ecuador, Chile y Bolivia, por lo que para el expresidente Uribe y su partido de gobierno, el Centro Democrático, el paro era una estrategia del Foro de Sao Paulo con el objetivo de desestabilizar las democracias latinoamericanas.

La población se movilizó contra lo que llamó el “paquetazo de Duque”: una serie de medidas económicas en proyecto que desde el partido de gobierno se veían como un éxito de la gestión del presidente: reforma laboral: pretendía la rebaja del salario mínimo a un 75% para las y los jóvenes menores de 25 años y diferenciado según la productividad de cada región y contratación de personal por horas, reforma tributaria: rebaja de impuestos a grandes empresas y a multinacionales, reforma financiera: privatización del aparato productivo del Estado y del sector financiero estatal por medio del Holding, reforma pensional: subir la edad de jubilación y privatizar el fondo público de pensiones (Colpensiones) entre otras medidas impopulares. La gente marchó también a favor de la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 y contra la corrupción.

En ese momento, el Comité Nacional del Paro presentó un total de 13 propuestas al Gobierno, entre las que se destacaba la disolución del ESMAD y la depuración de la policía, así como el rechazo a las propuestas del paquetazo.

Las reacciones del gobierno contra el paro del 21N son similares a algunas de las que desarrolla contra el actual paro: militarización de algunas zonas del país, cierre de fronteras, allanamientos, acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) del ejército y el otorgamiento de facultades extraordinarias a algunos gobernantes locales para “mantener el orden”, represión policial. Hubo muchas denuncias de brutalidad policial como la golpiza que varios agentes de policía le propinaron a una mujer en Bogotá, hasta dejarla inconsciente. El hecho fue captado en un video que se hizo viral. En el marco de las protestas fue asesinado el estudiante de 18 años Dilan Cruz por un proyectil que le impactó en la cabeza, disparado por un capitán del ESMAD.

Otros hechos que exacerbaron la digna rabia de la población colombiana fue la muerte de al menos ocho menores de edad (algunos medios hablan de 18) en un operativo del ejército contra un campamento guerrillero de las disidencias de las FARC en agosto del 2019. Entre las víctimas se encontraban una niña de 12 años, otra de 16 y un adolescente de 15. El gobierno solo había hablado de una impecable operación militar pero la verdad se reveló en el Congreso y terminó constándole el puesto al ministro de la defensa Guillermo Botero. Ya este ministro había estado en la mira internacional al revelarse por parte del New York Times que había ordenado a los militares doblar el número de “criminales y guerrilleros” que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate.

Este hecho puso de presente los llamados “falsos positivos”, nombre que se da a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros del ejército. Durante el gobierno de Uribe Vélez fueron secuestrados jóvenes de sus casas o llevados con engaños, asesinados y luego vestidos de guerrilleros para ser contados como bajas en combate para hacerse a prebendas al mostrar resultados en la lucha contra la insurgencia. En la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) se reveló que el número de ejecuciones extrajudiciales se triplicó a 6402 jóvenes, pero este número puede aumentar porque todavía hay investigaciones en curso. Uribe le mintió al país diciendo que estaba ganando la guerra contra las FARC, mostrando un número de guerrilleros asesinados cuando en realidad se trataba de jóvenes de sectores populares que habían sido engañados bajo el pretexto de un trabajo, de un ingreso por jugar un partido de futbol o por ir a recoger café a las zonas rurales. Toda esta falsedad criminal ha salido a la luz pública.

Otro antecedente no menos importante lo constituye el sistemático asesinato de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, desmovilizados de las FARC, masacres en regiones afrodescendientes e indígenas de particular interés estratégico, desplazamiento forzado, amenazas, desapariciones y feminicidios:

De acuerdo con el magistrado Cifuentes, los asesinatos de líderes sociales vienen en aumento desde la firma del Acuerdo Final de Paz y suman 904. De acuerdo con el informe del Sistema de Monitoreo de Riesgo, hay documentadas 334 amenazas de muerte, 99 tentativas de homicidio, 32 desplazamientos forzados, 31 secuestros, 13 desapariciones y 12 masacres entre 2016 y 2020. Frente a los excombatientes de las Farc, el presidente de la JEP advirtió que se han presentado 276 homicidios entre el 1 de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021. De estos, 253, fueron contra personas que comparecían ante la jurisdicción.

Entre las defensoras de sus territorios asesinadas ha tenido resonancia los casos de dos gobernadoras indígenas y una lideresa afrodescendiente que fue asesinada a tiros frente a su hijo de 9 años por sicarios en motocicleta. Se trata de María del Pilar Hurtado, de 34 años, asesinada el 21 de junio del 2019 en Tierra Alta, Córdoba. Era Oriunda de Puerto Tejada, pueblo negro, de donde salió por amenazas contra su vida. La lideresa indígena gobernadora del resguardo de Tacueyó Cristina Bautista Taquinas, de 29 años, fue asesinada el 29 de octubre de 2019 junto a cuatro guardias indígenas en un atentado que dejó al menos otras cinco personas heridas. El martes 20 de abril de este año fue asesinada la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocué de 38 años de edad, en la vereda El Porvenir del resguardo La Laguna Siberia, municipio de Caldono. Los hechos ocurrieron en un territorio indígena militarizado por el Estado que vive una exacerbación de la guerra a cuatro años de firmado el Acuerdo de Paz.

La coyuntura de la pandemia hizo visible y profundizó la precarización de la vida. Todo el trabajo informal viene siendo como un colchón de la crisis pero se ha hecho muy difícil de sostener. Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, no pueden salir a trabajar y se ha reducido demasiado el empleo. Las y los vendedores ambulantes fueron perseguidos por la policía por irrespetar las medidas de confinamiento mientras los almacenes de grandes superficies permanecían abiertos. Se afirma que Colombia es el tercer país con el peor manejo de la pandemia solo antecedido por Brasil y México. El gobierno ha impulsado proyectos económicos que han enriquecido más a los banqueros y a los grandes empresarios aumentando el empobrecimiento de las mayorías que según el Departamento Nacional de Estadística DANE, están en el orden de un 42%, casi la mitad de la población (Colombia tiene aproximadamente 50 millones de habitantes). De los 21 millones de pobres que hay en el país, 7,4 millones viven en la pobreza extrema. Para febrero de este año 886 mil personas se quedaron sin empleo aumentando la cifra a un total de 3.9 millones que no tienen como satisfacer sus necesidades más fundamentales. Hay una cantidad enorme de pequeños negocios en la quiebra, mientras los bancos tuvieron ganancias por el orden de los 9 billones de pesos. Los más expuestos a la Covid en Colombia no son las personas más viejas, son las más empobrecidas. A todo lo anterior se suma el hecho de la corrupción que se roba más de 50 billones de pesos anuales.

El paro del 28 de abril, todavía en curso, ha tenido como grandes protagonistas a las y los jóvenes, especialmente de las zonas más periféricas, marginadas y empobrecidas de la ciudad. No se trata de jóvenes universitarios, sino de aquellos que no han tenido la oportunidad de hacer una carrera, y que tampoco tienen la posibilidad de un empleo decente (en términos de la OIT).

Se trata de la generación nacida en el contexto de estos 40 años de economía neoliberal en Colombia, que tiene que vivir resolviendo el día a día porque no hay manera de soñar ni construir el futuro. Estos jóvenes se han ubicado en lo que llaman la primera línea de los puntos de concentración y resistencia del paro, defendiendo con su propia vida el bloqueo. Son quienes en mayor medida están poniendo los muertos. Es una juventud llena de frustraciones, cuando quisieron estudiar no tuvieron posibilidades, cuando salieron a buscar trabajo, no encontraron. Son los No Futuro. Son los que tienen que ganarse la vida en el trabajo informal, sin prestaciones sociales ni seguridad social, muchos de ellos limpian vidrios en los semáforos viviendo humillaciones a diario. Y en sus casas todo falta. Uno de los chicos de primera línea le confesó a alguien, que nunca había comido tan bien como en estos días de paro cuando se ha desplegado una organización con base en las acciones colectivas de toda la comunidad, especialmente las mujeres de otra generación en la tercera línea, asistiendo con alimentos, agua y medicamentos.

Esta es también la generación que ha vivido de manera directa las consecuencias económicas y emocionales de la pandemia: el desempleo de sus padres y madres, el desempleo de ellos mismos, situaciones de estrés por el encierro y la pobreza. Pero también es la generación de la comunicación instantánea a través de las redes sociales. A pesar de estas penosas situaciones, es también una generación que no se rinde, que hoy sale a las calles a ser protagonista del cambio social que se necesita para darse una vida digna, una vida que merezca la pena ser vivida.

Hemos visto en las marchas a las y los jóvenes, colectivos de todo tipo, artistas (de hecho uno de los asesinados por el ESMAD es Nicolás Guerrero de 21 años, un artista urbano que participaba de una velatón por los caídos, murió de un impacto de bala en la cabeza transmitido en vivo), las mujeres, los colectivos LGBTI, maestras y maestros, estudiantes, amas de casa, las barras futboleras, afros, indígenas, desempleados, trabajadores informales. Todo el país indignado ha salido a las calles y lo que ha recibido de respuesta del gobierno es represión y muerte.

A continuación transcribo el comunicado emitido después de una reunión asamblearia realizada en el campus de la Universidad del Valle el 6 de mayo:

“Las delegaciones de los puntos de concentración y bloqueos, movimientos y partidos sociales, políticos, juveniles, estudiantiles, de artistas, urbanos, rurales, afros, indígenas, sindicales, obreras, Comando departamental de paro, y otras más, reunidos el 6 de mayo en el auditorio 5 de la universidad del Valle, declaramos:

1. El Paro Nacional y su movilización social y política en Cali, Valle y Colombia obedece a una explosión de inconformidad popular producto de años de exclusión y desigualdad, agudizado por la dictadura uribista en el poder, cuya criminal reforma tributaria fue sólo la chispa que prendió la indignación popular.

2. Reconocemos que no existe una conducción unificada del paro; a cambio existen múltiples expresiones sociales, políticas y populares en todos los puntos de concentración y bloqueos. Necesitamos una articulación direccionada y organizada.

3. Alertamos que el gobierno de Duque pretende y ejecuta contra el paro, no sólo una respuesta y escalada militar criminal, sino atomizarlo con diálogos sectorizados.

4. Mandatamos establecer un corredor humanitario alimentario, de salud y médico, de aseo y sanitario, de abastecimiento de servicios básicos de sobrevivencia, etc.

5. Denunciamos la campaña de desinformación contra las causas y actores del paro nacional, que la dictadura Uribe-duquista y la cúpula militar atribuyen a frentes de guerrilla, a vándalos y bandas criminales, incluso a una supuesta agenda oculta comunista internacional.

6. Rechazamos La conducta criminal y cómplice del alcalde Ospina y la Gobernadora Roldán de permitir la represión y «asistencia militar» a la legítima protesta social y popular, entregando sus funciones de autoridades local y regional a la cúpula militar encabezada por el ministro de defensa Molano.

7. Convocamos asambleas populares en todos los puntos de concentración y bloqueos que culmine en una gran asamblea nacional municipal que construya una sola hoja de ruta unitaria programática y democrática.

8. Exigimos al gobierno de Iván Duque a sentar la primera mesa de negociación en la ciudad de Cali.

PLIEGO DE EXIGENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y UNITARIAS

1. Retirar la «asistencia y escalada militarista» de Cali y el Valle.

2. Garantizar la protesta y movilización social en el marco del Paro Nacional.

3. Reforma a la policía y desmonte del ESMAD.

4. Implementación del acuerdo de paz que garantice parar el asesinato de líderes y lideresas sociales y políticas.

5. Renuncia del Comandante General de las fuerzas armadas Zapateiro.

6. Retirar las reformas a la salud, pensional y laboral.

7. Renta básica universal y matrícula cero para la educación secundaria y superior.

8. Auxilio económico a las Pymes y condonación de deudas.

8. Educación gratuita, y acondicionamiento bioseguro para la presencialidad.

9. Mayor inversión financiera a la educación básica, media y superior.

10. Guarderías diurna y nocturna para niños de primera y segunda infancia.

11. Justicia investigativa y penal para todos los asesinatos, heridos, torturados y desaparecidos en el Paro Nacional.

11. No persecución policial y militar a los integrantes y participantes del paro nacional.

12. Crear una comisión de esclarecimiento de la verdad.

13. Que el alcalde Ospina y la Gobernadora Roldán pidan perdón por su orden de militarizar la ciudad y el departamento, y por su conducta cómplice y criminal entregando sus funciones de primeras autoridades a la cúpula militar.

14. Libertad inmediata de todos los detenidos y que aparezcan los desaparecidos.

15. Acciones y cronograma: 9 de mayo a las 10am, asamblea General popular en la sede Meléndez de la UV para definir hoja de ruta programática, unitaria y democrática.

¡A PARAR PARA AVANZAR VIVA EL PARO NACIONAL!

En este momento, no sabemos qué rumbo va a tomar el Paro, el mayor temor, como lo expresaba un cartel, es que después de su levantamiento, todo siga igual. Confiemos que no. Seguiremos caminando.

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[1] Tombo es una expresión popular para designar a la policía

[2] La figura de “asistencia militar” está sustentada en el artículo 170 de la ley1806 que dice que puede aplicarse cuando se presenten hechos de alteración de la seguridad, ante el riesgo o peligro inminente para enfrentar una emergencia o calamidad pública. https://www.semana.com/nacion/articulo/en-que-consiste-la-asistencia-militar-ordenada-por-el-presidente-ivan-duque/202124/

[3] Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional, están capacitados y entrenados para actuar con la fuerza en contra de las manifestaciones o protestas.